La promoción de la autonomía personal y social constituye uno de los ejes centrales de muchas actuaciones, especialmente cuando se trabaja con personas en situación de dependencia, discapacidad o vulnerabilidad social. El grafico analizado plantea un modelo integral que combina prevención, desarrollo de habilidades, análisis del entorno y un marco legal que garantiza derechos y apoyos. Este enfoque no entiende la autonomía como un estado absoluto, sino como un proceso dinámico, condicionado por factores personales, sociales y ambientales, en el que la intervención profesional tiene un papel clave.
El punto de partida del esquema es la prevención, entendida en sus tres niveles: primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria se orienta a promover la salud y evitar la aparición de situaciones de dependencia mediante hábitos saludables, educación y entornos inclusivos. La secundaria actúa cuando ya existe un riesgo o una dificultad incipiente, buscando evitar su agravamiento. La terciaria, por su parte, se centra en la rehabilitación, compensación y apoyo cuando la dependencia ya está presente (1). En el ámbito de la integración social, esta clasificación resulta especialmente útil porque permite planificar intervenciones ajustadas al momento vital de la persona, evitando respuestas exclusivamente asistenciales y apostando por la anticipación y la promoción de capacidades.
En este marco preventivo se sitúa el concepto de conducta adaptativa, que actúa como eje vertebrador del modelo. La conducta adaptativa hace referencia al conjunto de habilidades que permiten a una persona desenvolverse eficazmente en su entorno cotidiano, respondiendo a las demandas sociales, personales y prácticas de la vida diaria. No se trata únicamente de saber hacer, sino de saber cuándo, cómo y por qué hacerlo. La conducta adaptativa integra dimensiones conceptuales, sociales y prácticas, y su nivel determina en gran medida el grado de autonomía funcional de una persona (2). Desde la práctica profesional, trabajar la conducta adaptativa supone intervenir tanto en habilidades concretas como en contextos y apoyos.
Dentro de esta conducta adaptativa se diferencian claramente las habilidades de autonomía personal (HAP) y las habilidades de autonomía social (HAS). Las HAP se relacionan con el autocuidado y la gestión básica de la vida cotidiana. Incluyen actividades como la higiene personal, el vestido, la alimentación, la movilidad funcional o el control de la salud. Estas habilidades permiten a la persona cuidar de sí misma y mantener un nivel básico de bienestar físico y personal. En el esquema, estas habilidades se vinculan directamente con las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), consideradas el núcleo mínimo de la autonomía personal.
Las ABVD representan aquellas tareas imprescindibles para la supervivencia diaria. Cuando una persona no puede realizarlas de manera independiente, se genera una necesidad clara de apoyo. Sin embargo, el modelo no se detiene ahí y amplía la mirada hacia las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), que implican una mayor complejidad cognitiva y organizativa. Estas actividades incluyen la gestión del hogar, el uso del dinero, la compra, el transporte, la preparación de alimentos o la gestión de citas y trámites. Aunque no siempre son vitales de forma inmediata, son esenciales para vivir de manera autónoma en la comunidad (3).
Más allá de estas, el esquema incorpora las actividades avanzadas de la vida diaria (AAVD), que se relacionan con la participación social plena y el desarrollo personal. Aquí se incluyen el acceso al empleo, la formación, el ocio, la participación comunitaria y las relaciones sociales significativas. Estas actividades no solo mejoran la calidad de vida, sino que refuerzan la identidad personal, el sentido de pertenencia y la inclusión social. Desde la integración social, trabajar las AAVD supone apostar por un modelo de ciudadanía activa, no limitado a la mera asistencia.
En paralelo a las HAP, las habilidades de autonomía social (HAS) adquieren un peso fundamental. Estas habilidades engloban la capacidad de comunicarse de forma efectiva, establecer relaciones interpersonales, respetar normas sociales, resolver conflictos y participar en la vida social. La autonomía social no puede entenderse sin la capacidad de interacción, ya que la vida en comunidad exige habilidades relacionales. Una persona puede tener un buen nivel de autocuidado, pero si carece de habilidades sociales, su inclusión se verá seriamente limitada. Por ello, el esquema vincula directamente las HAS con la capacidad comunicativa y relacional.
El documento introduce también el concepto de autonomía como resultado de la interacción entre lo personal y lo social. La autonomía no se define como independencia absoluta, sino como la capacidad de la persona para controlar y dirigir su propia vida, con los apoyos necesarios. Esta visión es especialmente relevante en el ámbito de la dependencia, ya que rompe con el falso binomio autonomía-dependencia y permite entender que una persona puede ser dependiente en algunos ámbitos y autónoma en otros.
En este sentido, el esquema incorpora los grados de dependencia, diferenciando entre dependencia moderada (Grado I), severa (Grado II) y gran dependencia (Grado III). Esta clasificación no solo responde a un criterio administrativo, sino que refleja distintos niveles de necesidad de apoyo. La dependencia moderada suele implicar apoyos intermitentes, la severa apoyos frecuentes y la gran dependencia apoyos constantes y generalizados. Para el profesional de la integración social, esta gradación es fundamental, ya que orienta la intensidad, frecuencia y tipo de intervención (4).
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Un elemento especialmente relevante del esquema es la inclusión de los apoyos como variable moduladora de la dependencia. El apoyo no se presenta como algo negativo, sino como un recurso que puede facilitar la autonomía. Apoyos intermitentes, variables o constantes pueden marcar la diferencia entre una situación de exclusión y una de participación activa. Esta perspectiva coincide con los modelos actuales de apoyo centrados en la persona, que priorizan la adaptación del entorno frente a la sobreprotección.
También es importante la importancia de las barreras y facilitadores, tanto ambientales como personales. Las barreras arquitectónicas, comunicativas y actitudinales limitan gravemente la autonomía, incluso en personas con un buen nivel de habilidades. Escaleras, falta de señalización accesible, entornos digitales no adaptados o actitudes discriminatorias son ejemplos claros de obstáculos que incrementan la dependencia. Frente a ellas, los facilitadores —como entornos accesibles, ayudas técnicas, apoyos profesionales y redes sociales— potencian la autonomía y reducen la necesidad de asistencia directa (5).
En el plano conceptual, el esquema recoge tres ideas clave: autonomía, dependencia y autodeterminación. La autodeterminación se refiere al derecho de la persona a tomar decisiones sobre su propia vida, incluso cuando necesita apoyos. Este principio es fundamental desde una perspectiva ética y profesional, ya que sitúa a la persona como sujeto activo y no como objeto de intervención. Respetar la autodeterminación implica escuchar, informar, acompañar y aceptar decisiones, siempre que sea posible, desde un enfoque de apoyo y no de sustitución.
Todo este entramado conceptual se sustenta en un marco legal claro, encabezado por la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Esta ley reconoce la dependencia como un derecho subjetivo y crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), garantizando una cobertura homogénea en todo el territorio español. El SAAD articula servicios y prestaciones, establece niveles de protección y define mecanismos de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas (6).
El esquema incorpora además la relación entre derechos y deberes. Las personas en situación de dependencia tienen derecho a recibir atención adecuada, información, respeto a su dignidad y participación en las decisiones que les afectan. Al mismo tiempo, existen deberes vinculados al uso responsable de los recursos, la colaboración en los procesos de valoración y la comunicación de cambios en su situación. Esta relación derechos-deberes refuerza la idea de ciudadanía activa y responsable.
Reflexión personal y justificación profesional
Como integrador social, considero que este modelo de promoción de la autonomía es especialmente valioso porque ofrece una visión equilibrada entre apoyo y emancipación. Desde un marco teórico, se alinea con los modelos de calidad de vida, apoyo centrado en la persona y enfoque biopsicosocial, que entienden la discapacidad y la dependencia no solo como una condición individual, sino como el resultado de la interacción con el entorno (7).
Desde el punto de vista legal, la Ley 39/2006 proporciona un respaldo imprescindible a la intervención profesional. No solo legitima nuestro trabajo, sino que obliga a orientar la intervención hacia la promoción de la autonomía y no únicamente hacia la atención asistencial. Esto es especialmente relevante en un contexto en el que el riesgo de cronificar la dependencia sigue siendo alto si no se trabaja desde la prevención y el desarrollo de habilidades.
A nivel profesional, considero fundamentales varios elementos del esquema. En primer lugar, la distinción entre ABVD, AIVD y AAVD, porque permite diseñar intervenciones progresivas y realistas. En segundo lugar, la centralidad de las habilidades sociales, a menudo infravaloradas frente al autocuidado, pero clave para la inclusión real. Y, por último, la importancia de los apoyos y del entorno, ya que he comprobado que muchas situaciones de dependencia se agravan más por barreras externas que por limitaciones personales.
Este enfoque refuerza mi convicción de que la integración social no consiste solo en asistir, sino en acompañar procesos de autonomía, respetando la dignidad, la autodeterminación y el proyecto vital de cada persona. Promover la autonomía personal y social es, en definitiva, una forma de justicia social y un compromiso ético con una sociedad más inclusiva.
Referencias
(1) Organización Mundial de la Salud. Prevención y promoción de la salud.
(2) AAIDD. Conducta adaptativa y discapacidad intelectual.
(3) Discapnet. Actividades de la vida diaria.
(4) Fundación Querer. Grados de dependencia.
(5) Estudios sobre accesibilidad universal y barreras arquitectónicas.
(6) Boletín Oficial del Estado. Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
(7) Schalock, R. et al. Modelo de calidad de vida y apoyos.